Las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel afirman que atraviesan una situación crítica y que “desde septiembre, las plantas de todo el país frenaron la producción”. Por eso, reclamaron al gobierno nacional que cumpla con la ley 27.640 que establece el corte obligatorio del gasoil con biodiésel y que fije un precio oficial acorde para poder continuar operando y evitar así que en noviembre falte combustible en los surtidores.
A través de las cámaras que los agrupan, CEPREB, CASFER y CAPBA, los industriales enviaron un “pedido desesperado” al Gobierno por la “situación insostenible de una industria que viene soportando el aumento de costos -como el aceite de soja- y la falta de precio oficial para poder operar, responsabilidad de la Secretaría de Energía de la Nación”, señalaron.
En concreto, los empresarios cuestionan el atraso del precio de biodiésel establecido en pesos y los extensos plazos de cancelación por parte de las empresas petroleras, dos cosas que determina el Ministerio de Economía. Asimismo, critican la implementación de un nuevo tramo de dólar soja así como “el abrupto salto en el costo de las coberturas de tipo de cambio necesarias toda vez que casi el 90 por ciento de los costos de producción están relacionados al dólar”.
A raíz de la complicada situación que atraviesan, las empresas elaboradoras de biodiésel dedicadas en forma exclusiva al abastecimiento del corte obligatorio establecido en la ley 27.640, se dirigieron al ministro de Economía, Sergio Masa, para solicitarle “medidas urgentes tendientes a permitir que la industria siga produciendo y entregando el biodiésel destinado al corte obligatorio consignado en la ley”. De lo contrario, advirtieron, “10.000 familias se quedarían sin empleo a partir de noviembre”.
Según contaron, la mayor parte de las empresas del rubro paralizó su producción durante septiembre y en los próximos días estaría ocurriendo lo mismo con las pocas compañías que aún están operando.
“Sin medidas urgentes no resulta económicamente factible la operación, toda vez que los dólares resultantes de convertir el cobro del precio de venta en pesos no alcanzarán siquiera para cubrir los costos variables de producción”, aseguraron las pymes de biocombustible.
Las cámaras afirmaron que el diferencial “pone en riesgo la continuidad” de sus empresas y de los más de 10.000 empleos directos e indirectos relacionados con la actividad, y también “a la salud pública por el empeoramiento de la calidad del aire y el alejamiento del país de sus metas de ahorro de gases de efecto invernadero comprometidas bajo el Acuerdo de París”.
Las pymes remarcaron que “sin previsibilidad se torna imposible invertir en desarrollo de mejores y más eficientes tecnologías de producción de biodiésel”. En consecuencia, “se dejan de observar aspectos socioeconómicos, generando consecuentemente un impacto negativo para las economías regionales donde se encuentran insertas nuestras plantas.”
Asimismo, los empresarios elaboradores de biodiésel advirtieron que “el próximo paso sería comenzar con las notificaciones por despido a los empleados de las plantas que ya están paralizadas”.